La evidencia del desplazamiento forzado, la presión internacional y la decisión política del gobierno y el congreso, que permitió un reconocimiento del problema y de la responsabilidad estatal, confluyeron en un esfuerzo para generar unas políticas públicas, para hacer frente al problema de los derechos humanos, cuya persistencia empieza a provocar múltiples problemas sociales, en algunas ciudades y poblaciones que ven crecer dramáticamente su número de habitantes, en algunos casos por el asentamiento de familias desplazadas.
Justamente durante 1997 se aprobó una ley de origen parlamentario, por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado, atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia.
Esta reconoce desde el Estado el problema socio-demográfico y de derechos humanos del desplazamiento forzado por la violencia de grupos al margen de la ley e intenta una normativa e institucionalidad, para hacer frente a esta problemática.
Si bien existe una política diseñada para el desplazamiento, también lo es que su ejecución es descordinada y sus resultados altamente precarios, frente a los graves sucesos de desplazamiento registrados en 1997.
EXPLICACIÓN:
Gracias al notable aumento de los habitantes a causa del asentamiento de los desplazados, a mediados de 1997 se aprueba una ley, la cual previene el desplazamiento forzado; ofrece atención, protección, estabilización y consolidación para los desplazados internos en Colombia.
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